El 60% de empresas que sufren un ataque de ransomware tienen que parar sus operaciones
Fuente: Escudo Digital.-
Un 40% tiene que una pérdida significativa de ingresos, otro 41% pierdes clientes y un 40% también tuvo que eliminar puestos de trabajo. El impacto del ransomware sigue resultando devastador para algunas organizaciones y entidades públicas que se ven obligadas a detener sus operaciones comerciales. Así lo pone de relevancia, Global Cost of Ransomware, una investigación encargada por la firma de contención de violaciones Illumio y realizada por el Instituto Ponemon.
Según el citado estudio, el 58% de las empresas tuvieron que cerrar sus operaciones tras ser víctimas de uno de estos incidentes. En 2021 la cifra solo era del 45%.
Von der Leyen anuncia que convocará un colegio de comisarios de seguridad para evaluar amenazas
Fuente: 20 minutos.-
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que convocará por primera vez reuniones de comisarios europeos para evaluar la situación la seguridad externa e interna en la Unión Europea y estar así al tanto de posibles amenazas. «Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias y esto también aplica a la Comisión. Para lidiar con el difícil camino por delante tenemos que cambiar hacia una mentalidad de preparación. Por ello en las próximas semanas convocaré el primer Colegio de Seguridad», dijo Von der Leyen en rueda de prensa.
Validez de las pruebas obtenidas con cámaras de videovigilancia para acreditar despido
Fuente: Publicaciones Lexa Go.-
Sentencia de Tribunal Supremo del 14/01/2025 en materia de VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL EMPRESARIAL. La empresa despidió a la trabajadora tras descubrir que había cometido fraude al simular devoluciones de prendas y transferir el dinero a su cuenta. Para detectar esta conducta, utilizó imágenes grabadas por el sistema de videovigilancia de la tienda. La trabajadora reclama la nulidad del despido porque la empresa no le había informado de que las cámaras podían usarse para control disciplinario. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluye que la prueba es válida porque las cámaras son visibles y la trabajadora sabe de su existencia. Además, determina que no es necesario que la empresa especifique que las grabaciones pueden usarse con fines disciplinarios.