Posicionamiento en materias estratégicas del Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada
El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA, compuesto por las Organizaciones Sindicales FeSMC–UGT, CCOO del Hábitat y FTSP – USO, y las Organizaciones Empresariales APROSER y ASECOPS, presenta este conjunto de propuestas estratégicas para garantizar la calidad, sostenibilidad y modernización del sector de la seguridad privada en España.
Estas reflexiones buscan sensibilizar a los responsables públicos y stakeholders sobre la relevancia del sector y la necesidad de un marco normativo actualizado, una gestión moderna y colaborativa y un compromiso compartido con la seguridad ciudadana.
El sector de la seguridad privada es un pilar esencial del modelo de seguridad pública español, basado en la colaboración y complementariedad. Su volumen de empleo, su capilaridad territorial y su papel en infraestructuras críticas lo convierten en un elemento estratégico de la política de seguridad. El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA considera imprescindible que las autoridades públicas y las fuerzas políticas se impliquen activamente en un diálogo estructurado para mejorar el marco normativo, las condiciones de trabajo, la viabilidad empresarial y la calidad del servicio.
Reconocimiento del valor estratégico del sector
El modelo español de seguridad privada se fundamenta en la Ley 5/2014, que establece su carácter complementario y subordinado a la seguridad pública.
Propuesta:
- Reconocimiento formal de la esencialidad y carácter estratégico del sector.
- Fortalecimiento de la colaboración público-privada, especialmente en infraestructuras críticas y entornos urbanos sensibles.
- Reconocimiento específico en normativas y planes estratégicos de su papel integrado en la seguridad pública.
Durante la pandemia y en situaciones de crisis, los profesionales de la seguridad privada demostraron su valor social, pero sin reconocimiento formal suficiente. El sector reclama que se reconozca explícitamente su carácter esencial y su rol estratégico para la seguridad ciudadana. Esto permitiría fortalecer la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantizar la coordinación en emergencias y consolidar un marco normativo y financiero que permita al sector evolucionar en línea con los retos sociales y tecnológicos actuales.
Actualización normativa y desarrollo reglamentario
Aunque la Ley 5/2014 supuso un avance normativo importante, su desarrollo reglamentario sigue anclado en el Real Decreto 2364/1994.
Propuesta:
- Elaboración de un nuevo reglamento consensuado con sindicatos y patronales.
- Garantizar protección jurídica a los profesionales.
- Incorporar nuevos servicios y riesgos emergentes.
El desfase entre la Ley y su reglamento genera inseguridad jurídica, dificulta la modernización de los servicios y limita la capacidad de respuesta del sector ante amenazas actuales como la ciberseguridad, el uso de drones o la protección de infraestructuras críticas. El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA propone abordar de forma inmediata este retraso histórico para disponer de un reglamento adaptado a los retos del siglo XXI, que garantice estándares de calidad y seguridad homogéneos en todo el territorio y que impulse la profesionalización y dignificación del sector.
Medidas para asegurar personal altamente confiable
El sector enfrenta dificultades de atracción y retención de talento debido, entre otros factores, a la lentitud burocrática, la competencia de otros sectores y la transformación del mercado laboral tras la pandemia.
Propuesta:
- Dotar de recursos humanos y técnicos a las unidades policiales para agilizar la habilitación.
- Implantar autorizaciones provisionales para el ejercicio temporal.
- Impulsar la formación profesional de grado medio.
- Fomentar la inclusión de personas con discapacidad en funciones adecuadas y de personas de otras nacionalidades que puedan habilitarse.
- Negociar convenios internacionales necesarios para permitir el acceso de profesionales de otros países.
El proceso de habilitación puede tardar entre 4 y 5 meses, lo que desincentiva a los aspirantes y dificulta la cobertura de vacantes. El retraso burocrático genera un cuello de botella que impide cubrir servicios esenciales, incluso cuando hay demanda y personas interesadas. Esta situación limita la capacidad de las empresas para atender nuevos contratos o reforzar servicios existentes, afectando la seguridad pública y la competitividad del sector. Además, desincentiva a los candidatos, que abandonan el proceso al no poder acceder rápidamente a un puesto de trabajo. Reducir los plazos y habilitar fórmulas provisionales permitiría dar respuesta ágil a necesidades urgentes sin comprometer los estándares de seguridad y formación.
Esta situación es especialmente grave en un contexto de creciente demanda de servicios por parte tanto de Administraciones Públicas y empresas privadas. El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA propone un enfoque integral que combine la agilización burocrática, la formación cualificada y la apertura a nuevos colectivos de profesionales, para garantizar un acceso suficiente y confiable de personal altamente preparado, comprometido con la seguridad ciudadana y los valores democráticos.
Digitalización de las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Actualmente, la relación administrativa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se basa en muchos supuestos en registros en papel, lo que supone ineficiencia, cargas innecesarias y menor control.
Propuesta:
- Crear una plataforma digital centralizada para:
- Gestionar comunicaciones de forma bidireccional.
- Mejorar la trazabilidad y seguridad de la información.
- Reducir costes y desplazamientos.
- Aumentar la eficiencia del control administrativo.
La digitalización es un paso imprescindible para modernizar la gestión del sector, garantizar la coordinación efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y facilitar el trabajo de empresas y profesionales. Una plataforma digital centralizada permitirá consolidar datos, mejorar la supervisión, reducir fraudes y errores y optimizar recursos públicos y privados. Además, contribuirá a la transición digital de la Administración, en línea con los compromisos adquiridos en los planes nacionales y europeos.
Modulación de la normativa de desindexación y contratación pública
La actual Ley 2/2015 de Desindexación impide la revisión de precios en los contratos públicos, aunque se produzcan incrementos extraordinarios e imprevisibles de costes laborales.
Propuesta:
- Incorporar mecanismos automáticos o excepcionales de revisión de precios por:
- Incremento del Salario Mínimo Interprofesional.
- Cambios en convenios colectivos.
- Regulares cláusulas para la resolución o renegociación de prórrogas en caso de desequilibrio económico manifiesto.
- Inspirarse en modelos europeos como la legislación italiana y portuguesa.
El sector de la seguridad privada es intensivo en gestión de personas y está sujeto a contratos, especialmente los públicos, a varios años vista, que fijan precios sin prever aumentos salariales imprevisibles. La falta de mecanismos de ajuste genera desequilibrios que impactan especialmente a PYMES, reduce la competencia en licitaciones y puede interrumpir servicios esenciales. Otros países europeos ya han regulado cláusulas de revisión de precios ante cambios imprevisibles. Incorporar estas medidas en la legislación española es imprescindible para garantizar la continuidad del servicio público y la sostenibilidad del tejido empresarial.
Responsabilidad por incumplimientos laborales y de seguridad social
La jurisprudencia derivada de la doctrina Somoza (TS 2018) obliga a las empresas adjudicatarias de contratos públicos a asumir deudas laborales y de Seguridad Social de la saliente en caso de sucesión de plantillas.
Propuesta:
- Modificar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para permitir excepciones pactadas en convenio colectivo.
- Reforzar la retención de pagos en la contratación pública para garantizar el abono de salarios pendientes.
- Establecer certificados de deudas liberatorios y publicar listados de empresas deudoras.
- Revisar criterios de solvencia en los pliegos de licitación.
La extensión automática de la responsabilidad por deudas pasadas genera un riesgo jurídico y económico inasumible para muchas empresas, especialmente PYMES, reduciendo la competencia y provocando la desertización de concursos. Además, afecta la continuidad de servicios esenciales y deja sin empleo a trabajadores. La modificación normativa permitiría volver a un modelo más previsible y equilibrado, en el que las responsabilidades se ajusten a lo pactado en la negociación colectiva. Medidas adicionales como las retenciones y los certificados liberatorios reforzarían la seguridad jurídica, protegiendo tanto a las empresas como a los trabajadores.
Excelencia en la contratación pública
El sector de la seguridad privada tiene una fuerte presencia en la contratación pública, pero el marco actual presenta rigideces y problemas de interpretación que limitan la entrada de empresas solventes y capacitadas.
Propuesta:
- Permitir revisión de precios en escenarios inflacionistas o por cambios normativos relevantes.
- Garantizar la conformidad entre la administración y la empresa para prórrogas y rescisiones contractuales.
- Revisar criterios de solvencia empresarial en los pliegos.
- Priorizar criterios cualitativos objetivables frente a los meramente económicos (eliminación de «bolsas de horas»).
La seguridad privada es un servicio esencial y sensible, que requiere empresas fiables y con capacidad técnica. Sin embargo, los actuales criterios de adjudicación, centrados en el precio, y la falta de flexibilidad para actualizar condiciones ante cambios relevantes, pueden favorecer ofertas temerarias y comprometer la calidad del servicio. Además, interpretaciones restrictivas han impedido la presencia de empresas de alto valor añadido. El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA propone un modelo de contratación pública más transparente, que valore la calidad y solvencia empresarial, permita adaptarse a las circunstancias económicas y fomente la colaboración a largo plazo.
Coeficientes reductores en la edad de jubilación
- El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA propone abrir el debate sobre la solicitud de coeficientes reductores en la edad de jubilación para los vigilantes de seguridad, conforme al RD 402/2005, debido a la naturaleza especialmente peligrosa de la actividad, así como la exposición a altos índices de morbilidad o siniestralidad
Conclusiones
El sector de la seguridad privada es un sector estratégico, intensivo en gestión de personas y esencial para la seguridad ciudadana.
El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA pide a los responsables públicos y a las fuerzas políticas:
- Reconocer formalmente su carácter esencial y estratégico.
- Modernizar el marco normativo para garantizar viabilidad y calidad.
- Digitalizar las relaciones con la administración para mayor eficiencia y transparencia.
- Adoptar reformas en la contratación pública que aseguren servicios de calidad y continuidad.
- Agilizar los procesos de habilitación de profesionales vocacionalmente comprometidos con la seguridad ciudadana.
El sector de la seguridad privada no solo protege bienes e infraestructuras, sino que es un aliado imprescindible de la seguridad pública. Su dimensión económica y social exige un enfoque de políticas públicas que combine regulación moderna, colaboración público-privada y visión estratégica.
El OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA plantea estas propuestas desde el compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos, la sostenibilidad de las empresas del sector y la dignificación de las condiciones laborales de sus profesionales, destacando especialmente la necesidad de abordar la cuestión de los coeficientes reductores en la edad de jubilación, promoviendo el reconocimiento de las condiciones de riesgo de la actividad para permitir una retirada digna y saludable de los profesionales del sector.